Del Fobapróa al IPAB: cuando el sistema de pagos estuvo a punto de irse a pique.

El Acuerdo de Unidad I para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), elaborado al cierre de 1994 por los sectores empresarial, obrero y campesino fue puesto en marcha por la administración del entonces presidente entrante Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y la iniciativa de de­creto que autoriza al primer mandatario efectuar la contra­tación de créditos o emisión de valores en el exterior, utilizando las garantías a que se refieren os acuerdos suscritos por el go­bierno federal y por el de Esta­dos Unidos, fueron dos de los pila res del plan de contingencia.
De esta manera, se obtuvieron 26 mil 500 millones de dólares liara canjear o refinanciar los "Tesobonos" con la garantía de un gobierno extranjero, como parte del convenio para alcanzar la estabilización de la economía mexicana.
En diciembre de 1998, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la pro­puesta de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuya vi­gencia se ha extendido hasta nuestros días.
Uno de sus objetivos es el de propor­cionar a las instituciones, en benefi­cio de los ahorradores, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago, a través de la asunción por parte del IPAB, en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones garantizadas a cargo de dichas instituciones.
Otro de sus propósitos es el de ad­ministrar los programas de sanea­miento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorra­dores y usuarios de las institucio­nes y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.
En esencia, el IPAB vino a suplir al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), al asumir sus pasivos mediante un programa que los bancos participantes tenían la opción de aceptar o no aceptar.
Los principales bancos del país op­taron por el Nuevo Programa, que contemplaba la reducción del cos­to fiscal, con lo que su relación con el Fobaproa dejó de existir para ser sustituida por el IPAB.
Metodologías elaboradas por di­versas instituciones han buscado determinar el costo incurrido por parte del gobierno federal en su intervención para rescatar al siste­ma bancario y la cifra ha oscilado entre el 15 y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Organismos como el Banco Mun­dial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investiga­ción y Docencia Económicas (CIDE) y el mismo auditor especial Michael W. Mackey divulgaron es­timaciones dentro del rango arriba reflejado para un monto que am­pliamente superaba las 500 mil millones de pesos.
Las crisis no han sido exclusivas de países en vías de desarrollo, ya que las naciones avanzadas no han es­tado exentas de las turbulencias fi­nancieras que han golpeado a los mercados financieros.
En los últimos años, España, Estados Unidos, Ghana, Japón, Suecia, Argentina, Brasil, Rusia, Turquía, México y los países de la Cuenca del Pacífico, entre otros, han sido víctimas de crisis finan­cieras que en algunos lugares han sido repetitivas.
La crisis de 1994-95, a raíz de la cual surge el IPAB, también creó la necesidad de defender los intere­ses de los pequeños ahorradores del país, lo que dio lugar a la Co­misión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Finan­cieros (Condusef).
Al detectar desventajas entre los pequeños ahorradores frente a las instituciones financieras, el Poder Legislativo determinó que las fun­ciones de supervisión del sector in­cluían la protección de los intereses del público usuario.